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Qué ironía. En el preciso instante en
que la Organización de Estados Americanos (OEA) estaba discutiendo
cómo evitar que los países latinoamericanos dejen de ser
democráticos, la democracia en Bolivia se desmoronaba. El presidente
Carlos Mesa renunció en medio de una profunda crisis y, otra vez, un
mandatario latinoamericano no pudo culminar el término que le tocaba
en el poder.
¿Qué está pasando? Dos cosas: una, que
los latinoamericanos con inusitada y preocupante frecuencia están
haciendo a un lado las reglas de la democracia para quitar y poner
presidentes a tu antojo; y dos, que presidentes que fueron elegidos
legítimamente en las urnas, abusan de su cargo y concentran el poder
hasta dejar de ser verdaderamente democráticos.
La democracia en América Latina, hay
que reconocerlo, no ha sido efectiva para resolver el problema de la
pobreza y para reducir las enormes desigualdades. Y por eso, después
de un par de décadas con una mayoría de países democráticos en la
región, los más de 400 millones de latinoamericanos están
frustrados, desilusionados y dispuestos a un cambio.
Así se explica el resurgimiento de las
opciones de izquierda en el continente, desde el presidente Lula da
Silva en Brasil hasta el alcalde Andrés Manuel López Obrador en
México. La democracia le ha permitido a los latinoamericanos elegir
a sus gobernantes pero no les ha dado de comer ni ha mejorado sus
niveles de vida. Más de la mitad de todos los habitantes al sur del
río Bravo son pobres.
Pero se equivocan los bolivianos que
creen que sacando al presidente Carlos Mesa van a vivir mejor. Eso
mismo pensaron cuando sacaron del poder a Gonzalo Sánchez de Losada
en el 2003 y ya ven como están las cosas en Bolivia. Argentina tuvo
a 5 presidentes en 12 días a finales del 2001 y eso no mejoró el
nivel de vida de los argentinos. Y los ecuatorianos no viven mejor
luego de la salida de la presidencia de Abdalá Bucaram ni tras el
derrocamiento el pasado 20 de abril de Lucio Gutierrez. Presidentes
van y presidentes vienen pero las cosas siguen igual o peor.
Sacar del poder a
presidentes legítimamente elegidos no resuelve de inmediato las
crisis económicas. El problema, por lo tanto, no es la democracia
sino la acumulación del poder de la clase gobernante y la falta de
reformas para que todos puedan beneficiarse del sistema económico.
“En América Latina cada
cinco años elegimos a un rey”, me dijo en una entrevista el analista
peruano Alvaro Vargas Llosa cuyo último libro, Rumbo a la Libertad,
trata sobre las razones por las que los países latinoamericanos han
fracasado –con la excepción de Chile- en implementar democracias
efectivas. “Un rey absoluto que hace y deshace, que tiene el control
del poder judicial, que tiene el control del poder político, que
maneja la burocracia...Todo lo que hacemos en América Latina termina
delatando esa incapacidad para superar estos principios de la
opresión que están desde la época precolombina.”
Carlos Menem en Argentina, Alberto
Fujimori en Perú, los príistas mexicanos, los gobiernos sandinistas
y el de Arnoldo Alemán en Nicaragua, y Hugo Chávez en Venezuela son
algunos claros ejemplos de cómo el poder se acumula y no se comparte
en América Latina. La lista es larguísima.
La OEA, hace unos días, se preguntaba
qué se puede hacer cuando la democracia en un país corre peligro o
cuando un líder, a pesar de ser elegido democráticamente, abusa de
su poder. Y, para variar, concluyó su reunión en Fort Lauderdale con
los brazos cruzados. No, la OEA no va a hacer nada. Qué sorpresa.
El gobierno de Venezuela, que tiene
mucha cola que le pisen, logró evitar que se aprobara una propuesta
estadounidense que, según palabras del nuevo secretario general de
la OEA, el chileno José Miguel Insulza, permitiría una “supervisión
democrática (para) adelantarnos a las crisis, preverlas de algún
modo.” El concepto de “supervisión democrática” fue para muchos
países un eufemismo; ya se imaginaban a los marines
estadounidenses en paracaídas sobre Caracas o misiones
internacionales haciendo preguntas incómodas sobre asuntos internos.
Intervención, es lo primero que pensaron, y como la historia está
repleta de intervenciones del “policía del mundo” ahí quedó
enterrado el asunto.
La realidad, sin embargo, es que el
concepto de soberanía en este mundo globalizado es mucho más
flexible y ya no se detiene en las fronteras. Si la democracia se
apaga en un país latinoamericano, el resto del continente sufre
también las consecuencias. No se trata de intervenir militarmente
sino de prevenir que los avances democráticos, que tanto tiempo y
sangre nos costaron, desaparezcan con un chasquido de gorila.
Pero ¿qué se puede hacer cuando algo
así ocurre? Propiciar el diálogo entre las partes en conflicto en
caso de revueltas y antes de un posible derrocamiento -como los que
hemos visto recientemente en Sudamérica- y apoyar a los grupos
disidentes cuando sus gobernantes -ya sea en Cuba o Venezuela, por
dar dos ejemplos- abusan de su poder.
Lo más triste y
frustrante, no hay duda, fue el ver a los embajadores y cancilleres
de los 34 países en la OEA quedarse (una vez más) mudos, ciegos y
paralizados cuando otra democracia explotaba frente a sus ojos. Y
por eso, aunque duela, hay que preguntarse: ¿para qué sirve la OEA?
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