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Lo peor que le pudiera
ocurrir a las relaciones entre México y Estados Unidos es que un
terrorista se colara ilegalmente por la frontera sur y realizara un
acto de destrucción masiva en territorio norteamericano. Esa es la
pesadilla mexicoamericana.
Las consecuencias serían funestas y a
largo plazo. Pero ninguno de los dos países está haciendo todo lo
posible para evitar ese escenario de terror.
Este escenario, de pronto,
resurgió tras el arresto en Baja California Sur de Amer Haykel, un
ciudadano británico de origen libanés. Haykel, quien originalmente
fue identificado por la Procuraduría General de México (PGR) como un
posible terrorista vinculado a los actos del 11 de septiembre del
2001, fue liberado poco después. Todo, aparentemente, fue una
vergonzosa equivocación por la poca coordinación entre la PGR y el
FBI norteamericano. Pero el incidente resalta la preocupación de
ambos gobiernos por un acto terroristas en Estados Unidos cuyos
autores ingresen desde México.
Y tienen razón. La
frontera sur de Estados Unidos es una verdadera coladera. Cuatro mil
personas, todos los días, tratan de entrar ilegalmente a Estados
Unidos a través del río Bravo en Texas o cruzando desiertos y
montañas en Arizona, Nuevo México y California. De esos, según
cifras de la Patrulla Fronteriza, unos tres mil son arrestados
diariamente. Pero mil se cuelan y se quedan a vivir en Estados
Unidos. Esto es lo que ocurre, en promedio, todos los días en la
frontera sur.
¿Cómo sabe México o
Estados Unidos que entre esos mil que se cuelan diariamente no hay
algún terrorista? Lo más grave es que ninguno de los dos gobiernos
lo sabe.
Está claro que el gobierno
norteamericano ha perdido el control de su frontera sur y que el
mexicano no le ayuda ni tantito. ¿De que sirve que tengan tanto
cuidado en los aeropuertos estadounidenses si cualquiera se puede
meter, caminando o nadando, por la frontera? Así no se va a ganar
ninguna guerra contra el terrorismo.
La grandísima mayoría de
los indocumentados que entran a Estados Unidos no son ni criminales
ni terroristas; son trabajadores que toman los empleos que los
norteamericanos no quieren realizar y que gracias a sus enormes
aportaciones económicas y culturales hacen de este un país mejor. Es
gente que, a pesar de haber roto las leyes migratorias, tiene a sus
cómplices en los millones de estadounidenses que se benefician de su
trabajo y en las miles de empresas que les ofrecen trabajo con
salarios muy bajos.
Pero este proceso, aunque ocurre
frente a sus ojos, está totalmente fuera del control de las
autoridades norteamericanas. Es imposible esconder a 11 millones de
personas sin documentos legales. Están ahí, a la vista de todos,
pero nadie sabe quienes son, ni donde viven, ni nada sobre su
pasado.
Por eso hay que hacer algo. ¿Qué? Al
menos dos cosas son fundamentales:
Primero hay que legalizar a los
indocumentados que ya viven en Estados Unidos. Insisto, no son
delincuentes. Pagan impuestos. Trabajan durísimo. Contribuyen al
retiro de una población que enveceje rápidamente. Mantienen la
inflación bajo control. Y por lo tanto merecen estar aquí
legalmente. Se lo han ganado a puro sudor. Si no se les quiere
legalizar por cuestiones económicas o humanitarias, entonces hay que
hacerlo por un asunto de seguridad nacional.
Y segundo, es preciso que haya un
sistema que permita el flujo legal y ordenado de las nuevos
inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Si no lo hacen legalmente,
lo van a seguir haciendo ilegalmente. El hambre es más fuerte que el
miedo. Tiene que haber un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y
México, y más tarde, con el resto de Latinoamérica. ¿Y a cuántos se
les permitiría entrar? El mercado determinaría eso. Pero
actualmente, al millón de inmigrantes que entran legalmente se les
suma otro medio millón que lo hace violando la frontera. Un sistema
legal y ordenado de ingreso permitiría que las industrias que tanto
dependen del trabajo de los inmigrantes
–agricultura, manufactura,
construcción, servicios, turismo…- continuaran creciendo y que los
extranjeros que tanto necesitan de un empleo tuvieran un mecanismo
burocrático para conseguirlo en Estados Unidos.
Así y solo así la Patrulla Fronteriza
y todas las agencias policíacas de Estados Unidos podrían
concentrarse en capturar a terroristas en lugar de andar
persiguiendo en el desierto a gente inocente que se muere de hambre.
La inacción no es una opción. Algo se tiene que hacer y ya mismo.
Si no se hace nada, como hasta ahora,
es posible que el escenario de terror se haga una realidad. Si un
grupo terrorista entra a México o Centroamérica y luego cruza hacia
Estados Unidos para realizar una matanza, la reacción norteamericana
sería feroz e inmediata. La frontera se militarizaría. El ejército
estadounidense con tanques y aviones de guerra se pondría a vigilar
las dos mil millas que dividen a ambos países. Miles de industrias
en Estados Unidos sufrirían terribles consecuencias económicas por
la falta de mano de obra barata. Millones de inmigrantes potenciales
se quedarían desempleados en sus lugares de origen. La pobreza y
desesperanza crecería en América Latina. Se reducirían
significativamente los montos de las remesas que se envían desde
Estados Unidos al sur. Y, lo que es peor, las relaciones bilaterales
serían dañadas irremediablemente por años.
Este espantoso escenario se puede
evitar todavía. Es decir, se puede luchar contra el terrorismo si,
al mismo tiempo, se resuelve de una manera permanente y eficaz el
problema de la inmigración indocumentada en Estados Unidos. Pero
para eso se necesitan mentes visionarias y gobiernos comprometidos
con soluciones y no con encuestas de popularidad. Si no se hace
ahora, dentro de poco pudiera ser demasiado tarde. |
