|
Miami.
El 2006 comenzará muy movido para el presidente norteamericano
George W. Bush. La pregunta es si Bush violó la ley al autorizar,
sin una orden judicial previa, el espionaje de llamadas telefónicas
y correos electrónicos de cientos, o quizás miles, de ciudadanos
norteamericanos. Bush asegura que actuó legalmente. Sus críticos en
el partido Demócrata no están tan seguros. Sólo una investigación
independiente lo podría determinar.
Bush le dio la orden a la Agencia
Nacional de Seguridad de “interceptar las comunicaciones
internacionales de gente que tenía vínculos conocidos con Al Kaeda y
otras organizaciones terroristas”, según lo confesó en un reciente
mensaje radial a la nación. La versión oficial sugiere que las
conversaciones que se espiaron eran de personas en Estados Unidos
comunicándose con otras en el extranjero. Pero eso no está muy
claro; es posible que también se hayan espiado contactos hechos
dentro del país.
La ley de espionaje autorizada en 1978
(Foreign Intelligence Surveillance Act) es inequívoca. Está
prohibido espiar a ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos.
Punto. Pero si es preciso hacerlo, por la sospecha de que se trate
de agentes extranjeros o de terroristas, primero hay que pedirle
permiso al juez de una corte especial. Si eso no se hace, se viola
la ley.
Bush, sin embargo, asegura que actuó
“de acuerdo con la ley de Estados Unidos y la constitución.” Eso,
desde luego, está por verse. Por eso es importante que se realicen
audiencias congresionales o que se nombre a un investigador
independiente. El gobierno de Bush no se puede investigar a sí
mismo. Y mientras haya esa duda, su presidencia estará enlodada.
Y esa duda ya está teniendo sus
consecuencias. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
compró una página completa del diario The New York Times en la que
aparece la fotografía de Bush junto a la del expresidente Richard
Nixon, que fue obligado a renunciar por violar la ley. El primer
párrafo del anuncio decía: “La última vez en que un presidente de
Estados Unidos dijo que él solo tenía el poder unilateral de espiar
llamadas telefónicas sin una orden judicial, el incidente terminó
con una desgracia nacional conocida como el escándalo de Watergate.”
Watergate no es el único caso. Entre
1952 y 1974, el gobierno mantuvo información secreta sobre unos
75,000 norteamericanos, muchos de ellos por el simple hecho de
oponerse a la guerra en Vietnam.
Son los espías entre nosotros. Big
Brother. Bush ya reconoció públicamente que dio la orden de
espiar a partir del 2002. Pero ¿eso es legal?
El argumento del presidente está
basado en su guerra contra el terrorismo. El dice que dos de los
terroristas que lanzaron el 11 de septiembre del 2001 un avión
contra el Pentágono –Nawaf Alhazmi y Khalid al-Mihdhar- hablaron
desde Estados Unidos con otros miembros de Al Kaeda en el exterior y
que su gobierno se enteró demasiado tarde. Bush no quiere que eso
vuelva a ocurrir. Por eso autorizó el espionaje.
Sin embargo ¿por qué Bush no solicitó
la orden del juez de la corte especial, como ocurrió 1,754 veces sin
excepciones el año pasado? La respuesta oficial es que se trata de
un proceso demasiado lento y burocrático. Puede ser. Pero esa es la
ley. No hay otra. Si no le gusta debió hacer algo para cambiarla.
Los motivos de Bush son difíciles de
criticar. Nadie quiere, por supuesto, otro ataque terrorista en
Estados Unidos como el que cobró casi 3,000 vidas hace cuatro años.
Sin embargo, hasta el presidente tiene que cumplir con la ley,
independientemente de lo loable de sus motivos.
Como residentes de este país no
queremos, desde luego, otro incidente de terror. Pero como
reporteros estamos obligados a cuestionarlo todo. Incluso a la Casa
Blanca. Así como el periodista Edward R. Murrow cuestionó los abusos
del senador anticomunista Joe McCarthy –como consta maravillosamente
en la película Good Night and Good Luck- hoy nos corresponde a
nosotros hacer las preguntas difíciles respecto a la lucha
antiterrorista.
Los periodistas nos equivocamos
garrafalmente al creer los argumentos de Estados Unidos y Gran
Bretaña antes de la guerra en Irak en marzo del 2003. No sólo no
había ahí armas de destrucción masiva sino que tampoco existía un
vínculo entre Saddam Hussein y Al Kaeda, como nos aseguraron.
El diario The New York Times reportó
hace unos días que el supuesto vínculo entre Irak y Al Kaeda surgió
de un prisionero –Ibn al-Shaykh al-Libi- que le inventó esa conexión
a sus interrogadores en Egipto para que no lo maltrataran. Y en esa
mentira se basó el gobierno de Estados Unidos para justificar, en
parte, la guerra. Los reporteros, no cabe duda, hicimos mal nuestro
trabajo antes del conflicto iraquí. Y debemos reconocerlo para no
repetir.
Por eso es preciso hacer ahora muchas
preguntas. Muchísimas. La principal función social de un periodista
es evitar los abusos de los que tienen el poder, sean quienes sean.
Y lo que queremos saber es si la oficina del presidente fue más allá
de lo que le corresponde. En juego está la certeza de que vivimos en
un país de leyes y que nuestra privacidad no será violada por la
decisión de una sola persona, por más bienintencionada que quiera
parecer. |
