ARMAS Y VECINOS

Estados Unidos tiene una doble culpabilidad por la actual narcoviolencia en México.
Primero, porque es el principal consumidor de drogas del mundo. Y segundo, porque muchas de las armas que utilizan los narcotraficantes mexicanos vienen de este país.
El mismo día que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos reafirmó el derecho de todos los individuos a portar armas –como indica la Segunda Enmienda de la Constitución- y que los estados y ciudades deben acatar ese fallo, era asesinado en México un candidato a gobernador. Y ambos hechos están ligados.
Roberto Torre Cantú era el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Tamaulipas para las elecciones del domingo 4 de julio. Pero lo mataron en su camioneta, camino a otro acto de campaña, en un incidente que el presidente mexicano Felipe
Calderón atribuyó al narcotráfico. Se trata del peor asesinato político en México desde 1994.
No me sorprendería si se descubre que fue asesinado con un arma proveniente de Estados Unidos.
Cuando el presidente Calderón vino a Washington el pasado mes de mayo, denunció que el 80 por ciento de los 75,000 rifles y pistolas confiscados en México en los últimos tres años provenían de Estados Unidos. “Hay un asunto en que México necesita su cooperación”, dijo el mandatario mexicano en su discurso ante el pleno del Congreso norteamericano. “Y es el evitar el tráfico de armas de asalto y otras armas mortíferas a través de la frontera.”
Aunque lo propuso durante su campaña presidencial, Obama aún no ha reestablecido la prohibición a la venta de armas de asalto, que son las más letales y las preferidas por los criminales. (La prohibición, firmada por el presidente Bill Clinton en 1994, la dejó expirar el mandatario George W. Bush en el 2004.) Y muchas de esas armas de asalto están terminando en manos de narcos mexicanos.
Pero la violencia por las armas de fuego no solo está ocurriendo del lado mexicano.
En Estados Unidos hay 200 millones de armas, responsables de unas 30 mil muertes anuales, según calcula la Agencia France Presse. En Chicago, 258 estudiantes resultaron víctimas de armas de fuego durante el pasado año escolar y 32 murieron, de acuerdo con una editorial del The New York Times.
A pesar de lo anterior, con un voto de 5-4 la Corte Suprema de Justicia se rehusó a poner nuevos límites al uso de armas en Estados Unidos. El resultado es totalmente predecible: más muertes en Estados Unidos y más muertes en México.
Si la Corte ha aceptado en el pasado que criminales y personas con problemas mentales no deben usar armas ¿por qué no autoriza a estados y ciudades a imponer medidas que reduzcan la actual epidemia de violencia? Al final de cuentas, todo es política e ideología. Incluso en la Corte Suprema. Esto explica las claras divisiones partidistas en las audiencias de confirmación de Elena Kagan a la Corte Suprema. Toda causa necesita el voto de cinco jueces. Ni uno más, ni uno menos.
El presidente Barack Obama podría tomar la iniciativa e imponer, nuevamente, la prohibición a la venta de armas de asalto. Eso dijo en la campaña y eso esperan muchos votantes.
Pero el problema es mucho más profundo.
Estados Unidos se creó bajo el concepto de que toda persona tiene el derecho a portar armas. Ese principio, fundamental hace más de dos siglos, ha tenido insospechadas consecuencias negativas a nivel social en la actualidad, tanto en Estados Unidos como con su vecino al sur.
Cuando el crimen y el narcotráfico acechan, hay que limitar su capacidad para actuar. Es de sabios –y de jueces- rectificar.