Cuando se enojan los votantes pueden ocurrir las cosas más extrañas. Y aún más en California que es un verdadero laboratorio del mundo. Los californianos se atreven a jugar con el futuro, como si fuera plastilina, y no le tienen miedo al cambio. Ahí, el próximo siete de octubre, nos pudieran dar una lección sobre qué hacer cuando nuestros gobernantes son ladrones, corruptos, asesinos, incompetentes o todo lo anterior. La fórmula californiana, establecida en 1911, es maravillosa: si un gobernador es malo, le organizan un plebiscito, lo botan y se consiguen a otro. Ojalá pudiéramos hacer eso también en América Latina con los presidentes que no funcionan.
Pero primero vamos a ver el rollo que se ha armado en California. ¿Quién se hubiera imaginado, por ejemplo, que un actor austríaco -protagonista de algunas de las películas mas violentas y tontas de Hollywood, con musculatura de Mister Mundo, republicano, casado con una Kennedy y con un apellido impronunciable- podría convertirse en menos de dos meses en gobernador de California? Sí, el Terminator, Arnold Schwarzenegger, está a sólo unos votos de liderar la quinta economía del mundo si el actual gobernador es depuesto. ¿Cuál es su agenda? ¿Qué propone hacer en el poder? Casi nadie sabe. Ni él. Lo único que la gente recuerda de Schwarzenegger, además de su impresionante físico, son dos frases -“Hasta la vista, Baby” y “I’ll be back” (“Regresaré”)- que no son precisamente un tributo a su elocuencia ni a su inteligencia.
El Terminator, sin embargo, no es el único con posibilidades de reemplazar a Davis. Un hispano, el vicegobernador Cruz Bustamante, podría convertirse en el primer gobernador latino en California desde 1875 (cuando Romualdo Pacheco llegó a la gubernatura). Ya es hora que un estado donde uno de cada tres habitantes es latino, tenga a un hispano que los represente. Ninguno de los dos, sin embargo, está cantando victoria; junto al Terminator y a Bustamante hay otros 100 candidatos más (incluyendo a una actriz pornográfica).
Esto es posible porque los votantes de California están hartos y enojados con su actual gobernador, Gray Davis. Gray -que suena como “gris” al traducirlo al español- es considerado tan inepto como gobernador, según indican varias encuestas, que al año de su reelección los votantes ya se arrepintieron. Fácilmente se juntaron más de un millón de firmas para exigir una elección especial o plebiscito. Los californianos acusan a Davis de ser un pésimo adiministrador -hay un deficit de 38 mil millones de dólares- y los hispanos están molestísimos con él por haber vetado tres veces una ley que hubiera otorgado licencias de conducir a miles de inmigrantes indocumentados.
En América Latina hay un malestar equivalente al que viven los californianos. Los guatemaltecos están hartos de su presidente, Alfonso Portillo, por las frecuentes acusaciones de corrupción que surgen contra su gobierno; muchos mexicanos viven desilusionados por las promesas incumplidas del presidente Vicente Fox en su tercer año de gobierno; los panameños ya se dieron cuenta, con mucha tristeza, que su presidenta Mireya Moscoso no es el cambio; y varios dominicanos ven con horror cómo el presidente Hipólito Mejía busca reelegirse. Estos son, quizás, algunos de los casos más llamativos pero la tragedia para guatemaltecos, mexicanos, panameños y dominicanos, entre otros, es que sus constituciones no permiten los plebiscitos para destituir al presidente en turno.
Venezuela es un caso aparte. Ahí la constitución sí contempla los plebiscitos para destituir a un presidente. Pero Hugo Chavez -un tiranillo populista que ha amenazado con quedarse en el poder 12 años más- le está dando largas al plebiscito revocatorio y buscando excusas para retrasarlo o cancelarlo porque sabe que si la gente sale a votar va a perder la presidencia. Ese plebiscito debería haberse realizado este mes de agosto, sin embargo, Chavez ni siquiera ha reconocido la validez de las 3,236,320 firmas que se reunieron para forzar su realización.
Cuando la democracia no era la regla en América Latina tuvimos decenas de golpes de estado con la ayuda de los militares. Ya no. Los plebiscitos, como válvula de escape, podrían reducir aún más las tentaciones de opciones antidemocráticas. Por eso no me extrañaría que pronto las constituciones latinoamericanas empezaran a revisarse y que los plebiscitos sean una nueva moda. Así, los mandatos presidenciales serían condicionales, es decir, sujetos a que el gobernante elegido haga un buen trabajo. Por ejemplo, en un período de gobierno de seis años los votantes tendrían la posibilidad de deshacerse de su presidente al tercer año si no ha cumplido con sus promesas electorales. Los presidentes tendrían que cumplir y nuestros países, creo, tendrían democracias más saludables y transparentes.
Claro, los plebiscitos -como todo en la política- podrían ser manipulados y utilizados como un mecanismo desestabilizador por distintos grupos de poder. Ese es el riesgo. Pero las ventajas son mayores que los riesgos. Cuando se enojan los votantes, debe haber una manera legal de dirigir su frustración sin la necesidad de organizar un levantamiento popular, un golpe de estado, una huelga general, un bloqueo en el congreso o un sabotaje de la economía.
Cuatro, cinco o seis años en el poder son muchos años si, por error, mal juicio o engaño, escogimos en las urnas a un corrupto, a un incompetente, a un ladrón o a un asesino. Los electores también se equivocan. Pero ahora hay una manera de remediar esos errores. El plebiscito permite que los gobernados le digan a los gobernantes la palabra que más les duele: NO. Los californianos ya la saben decir. ¿Aprenderemos a decirla, también, los latinoamericanos?