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LA ESPERA INTERMINABLE

Miami.

Otra vez el congreso de México dejó pasar una oportunidad única para aprobar el voto de los mexicanos en el extranjero. No es ningún regalito navideño. Se trata de un derecho garantizado por la constitución mexicana pero que requiere que se legisle y se ponga en la práctica antes de las próximas elecciones presidenciales.

El objetivo es que 10 millones de mexicanos, nacidos en México pero que viven en Estados Unidos y en otros países, puedan votar desde el extranjero para escoger al presidente de México en julio del 2006. No es nada nuevo; 69 países en el mundo le permiten a sus ciudadanos votar en el exterior. ¿Por qué México no? Porque sus legisladores llevan más de 12 años dándole largas al asunto y evadiendo su responsabilidad.

Como triste ejemplo basta recordar lo que acaba de ocurrir en el último día de sesiones del 2004 en la camará de diputados de México. En un hecho sin precedentes, dos comisiones –la de Gobernación y la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios- aprobaron por unanimidad una propuesta de ley que permitiría el voto en el exterior. La propuesta le daría credenciales a todos los posibles votantes, permitiría hacer campaña a los candidatos en el extranjero y pondría urnas en cualquier población donde hubiera más de 15,000 mexicanos. Hasta ahí todo iba bien.

Este avance había sido posible gracias al enorme esfuerzo de la mayoría de los 100 consejeros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) que financiaron sus viajes a la ciudad de México y sus gastos de comida y hotel con su propio dinero para cabildear a los congresistas. “Noviamos con todos los partidos y con el gobierno”, me dijo Julio Cesar Aragón, uno de los consejeros. “Al diputado que salía de la cámara, lo comprometíamos, le robábamos la firma, le tomábamos una foto y lo grabamos.” Así consiguieron los votos necesarios en las comisiones, pero aún faltaba lo más difícil.

La propuesta de ley para el voto de los mexicanos en el extranjero llegó al pleno de la cámara de diputados, donde se leyó por primera vez a las 8;50 de la noche del martes 14 de diciembre. Pero luego, para aguar la fiesta, varios diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijeron que no estaban listo para votar y pospusieron el voto en el pleno de la cámara hasta febrero del 2005.

Se necesita que tres cuartas partes de los 500 diputados aprueben la propuesta. Sin embargo, la politiquería típica de la cámara y las visiones míopes pudieran descarrilarla antes de que llegara al Senado de México para su ratificación final. Mientras tanto, nada es seguro; la esperanza es lo que más rápido muere en México.

Hasta ahora la actitud de los diputados y senadores de México respecto a los mexicanos que viven en el extranjero ha sido francamente hipócrita. Les encanta que estos mexicanos envíen sus dólares al país, pero no están dispuestos a permitirles votar. El ingreso de esas remesas –17 mil millones de dólares, según cálculos del Banco de México- ya es superior a lo que México obtiene del petroleo y del turismo.

El miedo a aprobar el voto en el exterior se explica de muchas maneras. En una elección presidencial muy cerrada –como seguramente será la del 2006- algunos temen que pudieran ser los mexicanos en el exterior, y no los mexicanos que viven en México, los que decidieran al ganador. Eso sería un cuchillazo al corazón del nacionalismo mexicano y una reafirmación de la globalización de la política. La nación mexicana hace mucho que desbordó sus fronteras; uno de cada cinco mexicanos vive fuera de México.

Pero también hay otras razones que explican el retraso y el temor al voto que viene de fuera. Representantes del PRI sospechan que muchos mexicanos que se fueron del país lo hicieron durante sus gobiernos autoritarios y corruptos y que, al momento de votar, lo harían contra ellos. Asímismo, líderes panistas tienen miedo que la casi absoluta falta de protección que sufren los mexicanos en Estados Unidos ante el racismo, la discriminación y las leyes de inmigración, se traduzca en un voto en contra. Pero, en realidad, nadie sabe a ciencia cierta cómo votarían los mexicanos en el exterior.

No quiero trivializar el asunto. Los obstáculos son enormes: es cierto que será muy complicado el proceso de credencialización de millones de mexicanos que viven fuera; el Instituto Federal Electoral (IFE) quiere una millonada –270 millones de dólares para ser exacto- para organizar unas votaciones a prueba de fraude en el exterior; muchos indocumentados serían presa fácil del nuevo servicio de inmigración de Estados Unidos si se ponen en fila en las calles el día de votación; y sería muy difícil controlar los gastos de campaña, la publicidad y la injerencia de otros países en el extranjero. Pero no por difícil debe ser descartado.

¿Acaso no existen en México funcionarios capaces de sacar adelante un proyecto de esta envergadura? ¿Es México un país de políticos mediocres con mentes chiquitas ? ¿Podrá el congreso mexicano salir de la parálisis de los últimos cuatro años? ¿Le queda poder político al presidente Vicente Fox para empujar por el congreso el voto en el exterior? Estas preguntas, más que reflejar una crítica, presentan un reto.

Los mexicanos que están de este lado ya han hecho todo lo que está de su parte. Ahora le falta responder a los congresistas, al gobierno y a los funcionarios electorales que están allá en México. Pero la pregunta es si podrán con el paquete.

Mientras tanto, los mexicanos en el extranjero siguen esperando; es la espera interminable.

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