Nueva York
Está más claro que una hostia que el abuso sexual infantil por parte de sacerdotes católicos no es un problema limitado a Estados Unidos. Hay casos en todos los continentes. Sin embargo, no es coincidencia que el escándalo haya explotado aquí.
Por principio, la iglesia católica en Estados Unidos no es la más grande ni la de mayor influencia en el país. Segundo, las leyes norteamericanas suelen tratar de la misma manera a religiosos que a laicos. Y tres, los medios de comunicación -protegidos por la primera enmienda de la constitución- no temen por represalias de anunciantes ni de los sectores más tradicionales de la opinión pública al denunciar los abusos sexuales de los sacerdotes a menores de edad.
De enero para acá al menos 177 sacerdotes católicos, sospechosos de abuso sexual, han sido suspendidos de sus labores eclesiásticas o educativas en 28 estados norteamericanos y en Washington D.C. Pero lo más importante es que existen enormes presiones -legales, éticas, periodísticas- para que se den a conocer los nombres de todos los sacerdotes, absolutamente todos, que violaron, abusaron o tocaron indebidamente a niños o adolescentes. Es decir, la principal exigencia a la iglesia católica norteamericana para empezar a salir de este escándalo es dar a concer la lista de los sacerdotes abusadores.
Ya hay un precedente. La arquidiocesis de Nueva York cambió su intransigente postura inicial y hace poco le entregó una lista al procurador del distrito de Manhattan de todos los sacerdotes acusados de abusar sexualmente de menores de edad. La lista incluye los nombres de unas tres docenas de padres y revisa crímenes cometidos en los últimos 40 años. Falta mucho más pero esa es la dirección correcta. Estos sacerdotes, más allá de haber cometido pecados según su fe religosa, son criminales. Punto. Y deben ser tratados como criminales. No hay ninguna razón por la que la afiliación religiosa suponga un trato preferencial ante la ley.
En junio las principales autoridades de la iglesia católica en Estados Unidos decidirán en una reunión en Dallas cuál es el camino a seguir. Ya sabemos, tras el precipitado encuentro en Roma con el papa Juan Pablo Segundo, que a partir de ahora hay una política de “cero tolerancia” respecto a los sacerdotes que cometan esos crímenes sexuales. Pero para recuperar la credibilidad de sus feligreses, la iglesia católica está obligada a hacer retroactiva esa política.
La iglesia católica no puede seguir encubriendo a sacerdotes criminales. Hasta ahora la iglesia católica -triste, equivocadamente- le ha dado la espalda a las víctimas y ha preferido proteger a los victimarios. Tan grave como habría sido apoyar a los nazis durante la segunda guerra mundial y no a los judios encerrados en los campos de concentración. El vaticano ha enfrentado esta crisis con la misma arrogancia y ausencia de empatía con las víctimas que caracterizaron a las cruzadas y a la inquisición.
Ahora bien, esta política de “cero tolerancia” y retroactividad debe aplicarse en todo el mundo, no solo en la arquidiocesis de Nueva York. Los sacerdotes de América Latina no son ajenos a las acusaciones de abuso sexual. “No somos angeles”, dijo hace unas semanas José Guadalupe Martín Rábago, vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, tras reconocer que en México “el problema (de pedofilia entre sacerdotes) se da”. Sin embargo, esa confesión pública no es suficiente. Es necesario conocer las nombres de todos y cada uno de los sacerdotes que han violado o abusado sexualmente a menores de edad en México. Todos. No, no es mucho pedir. Es simple justicia.
Ningún sacerdote debe estar protegido ante la ley por la sotana. Pero la iglesia católica latinoamericana, aprovechando su privilegiada posición, no ha querido identificar a los sacerdotes criminales. Eso es encubrimiento de un crimen. Y por otra parte, periodistas, políticos, policías, víctimas de abusos sexual, creyentes y laicos tienen miedo de denunciar los abusos y de exigir más información por el enorme poder que ejerce la iglesia católica en latinoamérica. ¿Qué político, reportero o funcionario público en México, Colombia, Argentina o El Salvador quiere correr el riesgo de ser catalogado enemigo de la iglesia, ateo o enfrentarse a una amenaza de excomunión? Por eso no se ha hecho tanto ruido con este escándalo en América Latina. Pero el problema existe.
Las listas. Eso es lo que se necesita. Las listas de todos los sacerdotes, tanto en América Latina como en el resto del mundo, que violaron o abusaron de niños y adolescentes. Sin esas listas la iglesia católica difícilmente podrá recuperar la confianza y legitimidad que perdió al encubrir entre sus filas a delincuentes y criminales. Los padres de familia tienen el derecho de saber si sus hijos, actualmente, están en contacto con violadores. Y los feligreses deben tener la certeza que el sacerdote que ven en misa cada domingo no es un criminal encubierto. Por eso se necesitan las listas. Ya. Mientras tanto, los secretos sexuales de la iglesia católica siguen bajo llave.